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Procesados dos exalcades de Orihuela por ‘Brugal’

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El juzgado de Primera Instancia número 3 de Orihuela (Alicante) ha abierto un procedimiento abreviado y ha procesado a 35 personas en la causa en la que ha investigado supuestas irregularidades en la tramitación y adjudicación del servicio de recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos en diferentes concursos convocados por el ayuntamiento oriolano.

La causa, una de las derivadas de lo que se conoce como ‘caso Brugal’, se cierra tras siete años de instrucción, en los que se han dictado un total de 112 autos y se han acordado intervenciones telefónicas desde abril de 2007 y hasta marzo de 2010.

En el auto, la juez ve indicios de cohecho, prevaricación, negociación prohibida, fraude, coacciones y tráfico de influencias en la actuación de los procesados, entre los que se encuentran los exalcaldes de Orihuela Mónica Lorente y José Manuel Medina (PP) y el empresario Ángel Fenoll, que fue quien aportó a Fiscalía Anticorrupción una serie de conversaciones en las que se abordaba el concurso público para conseguir un contrato de 8,5 millones de euros, que permitieron abrir la investigación. Además, se incluyen ediles del consistorio, administradores de empresas y el entorno de Fenoll.

Según se especifica en el auto, el Ayuntamiento de Orihuela abonó entre mayo de 2009 y abril de 2012 a las empresas de Fenoll hasta 26.478.670,40 de euros, según la relación de facturas aprobadas por la Junta de Gobierno oriolana.

De acuerdo con la jueza, tras las investigaciones se desprende la existencia de un “entramado delictivo” organizado por el empresario Fenoll, administrador, entre otras, de Proambiente y Colsur, dedicadas principalmente a la recogida de residuos sólidos urbanos, limpieza de calles o prestación de servicios municipales en la zona de la Vega Baja.

USÓ CINTAS GRABADAS

Este empresario, auxiliado por cintas previamente grabadas por él mismo, su hijo y Francisco Javier Bru, buscaba “imponer su voluntad en diversas autoridades políticas de ámbito local” tanto en la adjudicación de contratos públicos como en la revisión de los que sus firmas tenían ya suscritos con el Ayuntamiento de Orihuela o la prestación de servicios sin la existencia de contrato, entre otros.

En concreto, el objetivo era el concurso público para la contratación de los servicios públicos de recogida, transporte, tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos y de limpieza viaria convocado por el Ayuntamiento de Orihuela con precio de licitación de 8,5 millones de euros durante 10 años así como otro concurso para la contratación de los servicios públicos de recogida, transporte, tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos y de limpieza viaria por 9.440.950,15 euros durante 10 años, ambos de 2005 y 2008.

La juez señala en el auto que Fenoll se valió de la “colaboración” en 2005 de diversos concejales de la oposición para lograr la “paralización y dilatación injustificada” del concurso para seguir prestando el servicio de recogida de basuras, “así como el abono de las facturas que el consistorio tenía pendientes con el empresario, el alza de los precios, a pesar de no estar legalmente previsto”.

RETRADO “MALICIOSO”

Fenoll llegó a conseguir que el alcalde e imputado José Manuel Medina y los concejales por aquel entonces Mónica Lorente y Antonio Lidón, a sabiendas de su “ilegalidad”, retrasaran “maliciosamente” el concurso, solicitando “reiteradamente” informes externos, hasta la declaración de desierto en sesión del Pleno de 9 de noviembre de 2007″, todo ello para mantener la situación anterior en su propio beneficio ya que sus empresas siguieron prestando el servicio con los precios al alza.

El empresario se presentó al siguiente concurso “de forma velada” y utilizó la información que le facilitaban concejales e imputados para lograr una adjudicación, “a sabiendas de la presentación encubierta y de la información privilegiada”. Para ello, otro imputado, Rafael Grégory, planeó con Fenoll y su hijo una nueva estrategia en la que usó empresas interpuestas dirigidas por testaferros para presentarse, además de hacerlo a través de Colsur, con un firma encubierta que impidiera que se le relacionara con la oferta.

De esta forma, estableció una UTE con SUFI y varias mercantiles detrás, cuyos administradores están imputados igualmente en la causa. Finalmente, a través de operaciones de venta de acciones y otros sistemas, el entorno del empresario oriolano obtuvo la mayor representación de las empresas adquiridas, y que fueron finalmente usadas para presentarse al concurso de 2008.

La juez atribuye a la exalcaldesa Mónica Lorente conocer la doble presentación de Colsur a la licitación del contrato “a sabiendas de su ilegalidad” y “teniendo pleno conocimiento” de ello y “a pesar de estar legalmente prohibido”, se adjudicó el concurso a SUFI –la UTE adjudicataria final–, por el precio anual de 9.440.950,15 euros. Este nuevo contrato comenzó a cumplirse en 1 de mayo de 2009 hasta que quedó resuelto en abril de 2012 por decisión del siguiente Gobierno Local.

Así al empresario oriolano, la juez le imputa coacciones, cohecho, prevaricación por inducción, aprovechamiento de información privilegiada facilitado por autoridad, fraude por inducción y delito de tráfico de influencias, así como un delito electoral.

A José Manuel Medina se le imputan un delito continuado de prevaricación, fraude a la Administración y cohecho mientras que a Mónica Lorente se le atribuyen los delitos de prevaricación, tráfico de influencias y fraude a la Administración.

En cuanto al resto de los procesados destaca el hijo de Fenoll, Antonio Ángel Fenoll Campillo; el concejal oriolano del PP Ginés Sánchez Larrosa; los también concejales Manuel Abadía y Antonio Rodríguez Murcia; o el Interventor del Ayuntamiento oriolano, José Manuel Espinosa.

DIEZ SOBRESEIMIENTOS

Asimismo, en el auto, con fecha de este miércoles, la juez sobresee provisionalmente la causa para otras diez personas que habían sido imputadas, entre ellas los concejales David Antonio Costa y Araceli Vilella.

A partir de ahora se abre un plazo de 30 días para que las partes acusadoras y la Fiscalía insten a la apertura de juicio oral o en su defecto al sobreseimiento de las actuaciones.