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Las placas conmemorativas en los edificios públicos: un reducto del pasado

Corredor Mediterráneo necesario y de actualidadCorredor Mediterráneo necesario y de actualidad

De los diferentes temas que se han abordado esta semana en les Corts nos llama la atención el debate suscitado a raíz de la Proposición No de Ley (PNL) presentada por el grupo parlamentario de Podemos para la retirada de placas conmemorativas de los edificios públicos valencianos. En concreto se trata de eliminar las placas conmemorativas, inaugurales o menciones honoríficas en edificios que dependan de la Generalitat o que hayan sido financiados con fondos de esta en las que figure el nombre de cargos públicos condenados por sentencia judicial firme por corrupción, delitos contra la hacienda pública y la seguridad social o contra la administración. Evidentemente, ¿quién podría estar en contra de esta iniciativa? U oponerse a las enmiendas no admitidas del Grupo popular -acusadas de electoralistas por el Grupo socialistas- que la ampliaba, para incluir no solo a cargos públicos si no también a violadores, maltratadores, asesinos, terroristas o pederastas, además de hacer extensiva la medida a todos aquellas personas a los que la Generalitat les concediera esta distinción aunque no sean valencianos, en alusión a poder retirar el nombramiento de “ambaixador del Regne de Valéncia” que el Consell de Francisco Camps le concedió en su día a Juame Matas y que ya no ostenta el balear.

Más allá de la trifulca parlamentaria -esa sí, destinada a los votantes de cara al 20D-, a nosotros, la que nos parece totalmente electoralista es la propuesta de Podemos. La PNL de los podemitas parece querer presentar al partido de Pablo Iglesias como los barrenderos de la corrupción, los castos, cuando la medida debería ir encaminada a eliminar estros privilegios -de los que también se ha hablado y mucho esta semana en el parlamento valenciano- a todo cargo público y de todo edificio, sea cual sea su titularidad. Porque al final, los edificios los pagamos todos y nos parece procedente de otro siglo, de otro régimen que padecimos durante 40 años, eso de que el cargo público deje su impronta bañada en latón, cuando no en otros metales más ostentosos. La medida debería afectar a todos los cargos públicos, incluida la jefatura del Estado, y aun a riesgo de pasar por una propuesta del régimen norcoreano de Kim Jong-un, en todo caso parece más justo que estas placas conmemorativas sirvieran para rendir homenaje a todos los trabajadores que participaron en la obra. Los cargos públicos pasan, son momentáneos (o deberían serlo) y si un ciudadano merece distinciones públicas, que sea al final de su mandato o en las postrimerías de su carrera cuando la mácula, del color que sea, sea ya casi imposible.

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