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Compromís denuncia al Consell por los presupuestos 2015

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El grupo parlamentario Compromís en las Corts ha presentado una denuncia en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) contra los miembros del Consell, ampliable a los diputados que voten a favor de los presupuestos de la Generalitat, por posible prevaricación y malversación al presupuestar para 2015 un total de 1.230 millones de ingresos sin cobertura legal.

Mónica Oltra, la portavoz adjunta de Compromís, ha indicado en declaraciones en los pasillos de las Corts que esta denuncia se basa en el “falseamiento” de los presupuestos de la Generalitat, ya que “se incluyen ingresos sin fundamento legal”. “Esos ingresos se pueden pedir al Estado, pero no se pueden presupuestar, porque para presupuestarlos se debe tener una cobertura legal”, ha explicado.

Esta denuncia advierte de posibles delitos de prevaricación “por tomar una decisión injusta e ilegal, a sabiendas”. Al respecto, Compromís señala en el texto que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) alertó el pasado día 5 de que el anticipo de 1.178 millones del Fondo de Competitividad “no está previsto en los presupuestos del Estado”, por lo que “no existe constancia expresa ni fundamento legal que justifiquen la recepción de estos ingresos”, advertencias que ya habían sido puestas de manifiesto en el borrador de la AIREF del 28 de julio.

Además, la denuncia también plantea posible delito de malversación, “no con ánimo de lucro, como es la forma tradicional, sino por falseamiento de las cuentas públicas”, ha manifestado Oltra.

La portavoz adjunta de Compromís ha destacado: “No está en nuestro ánimo llevar a nadie a prisión, ni inhabilitar a nadie, pero queremos que se establezca una línea clara sobre qué es legal y qué no es legal a la hora de incluir ingresos sin cobertura en un presupuesto”.

EN MANOS DE LA JUSTICIA

Para Oltra, “es necesario ante esta práctica reiterada del Gobierno valenciano que haya un pronunciamiento judicial”, aunque ha reconocido que esta denuncia no afecta a la aprobación de los presupuestos ya que “el único que puede paralizar una ley es el Tribunal Constitucional”.

Respecto al recorrido de esta denuncia penal, Oltra ha explicado que se nombrará a un instructor y se dará traslado al Ministerio Fiscal para que intervenga como parte. “Si el ministerio público entiende que hay un ilícito penal, investigará, la Sala deberá imputar los posibles autores y, a partir de ahí, será un procedimiento penal”, ha comentado. En cuanto a las penas a las que se podrían enfrentar, en el caso de malversación podría ser una inhabilitación de hasta diez años y en el de prevaricación, de uno a cuatro años.