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¿De nuevo los trasvases?

¿CUPO FISCAL? SÍ, PERO PARA TODOSPor Mariano Ayuso Ruiz-Toledo. Abogado, Director de Ayuso Legal, colaborador de News Grup

Las desastrosas inundaciones en Navarra y Aragón, junto con la no menos desastrosa sequía en Alicante y Murcia, han vuelto a traer sobre la mesa –sobre todo sobre las mesas de redacción- la “olvidada” cuestión de los trasvases fluviales.

En lo que afecta a los riegos de Alicante –principalmente en la Vega Baja- y Murcia, se trataría de dos cosas distintas, pero conectadas: la nueva infraestructura del fracasado proyecto de trasvase del Ebro y los caudales a suministrar a través de la existente infraestructura del trasvase Tajo-Segura.

Recordemos que el trasvase Tajo-Segura fue una infraestructura mítica de casi trescientos kilómetros de longitud –comenzada a idearse en los años treinta, retomada en los sesenta y finalizada en los setenta, del pasado siglo- que conecta ambas cuencas hidrográficas con un sistema de canalizaciones que, en lo esencial, lleva agua del embalse de Bolarque al de Talave, pasando por los de Altomira y Alarcón, como hitos importantes.

La problemática planteada en los últimos años es la restricción a los caudales trasvasables por parte de la Comunidad de Castilla-La Mancha y la demanda por parte de la Comunidad Valencia y la Región de Murcia. Esto ha abierto una cuestión complicada y todavía no definitivamente resuelta.

El trasvase del Ebro es más complejo, porque no se ha ejecutado la infraestructura, al menos todavía, aunque es una demanda histórica y muy sentida en la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia y la parte más oriental de Andalucía. Las ambiciones de estas Comunidades –y en parte las de Cataluña- se vieron cumplidas con la Ley de 2001 del Plan Hidrológico Nacional, por la que se aprobó la generación de esta infraestructura.

En 2004, una de las primeras medidas del nuevo gobierno de Rodríguez Zapatero fue un Real Decreto-Ley de 18 de junio de 2004 por el que se derogó el trasvase del Ebro aprobado en 2001. Como compensación el gobierno socialista aprobó un programa llamado “AGUA” para paliar el déficit hídrico de las Comunidades perjudicadas por la derogación del trasvase del Ebro, mediante desaladoras, medidas de ahorro hídrico, reutilización y semejantes.

Pero la reivindicación siguió adelante y las movilizaciones por el agua fueron un arma electoral poderosa para el Partido Popular en la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, que contribuyeron a forjar amplias mayorías absolutas en estas Autonomías. Sin embargo, una vez llegado el Partido Popular al Gobierno de España, tras conseguir la mayoría absoluta en las Cortes Generales, esta reivindicación fue olvidada –como, en menor medida, la pugna por los caudales a trasvasar del Tajo al Segura-, lo cual coincide significativamente con la llegada también del Partido Popular a los gobiernos autonómicos de Aragón y Castilla-La Mancha, y con la asunción de la Secretaría General de dicho Partido por la también presidenta de Castilla-La Mancha, Sra. Cospedal.

Lo cierto es que la cuestión dejó de ser un caballo de batalla durante estos últimos años y ha sido ahora con las inundaciones en las tierras de Aragón y de Navarra por las crecidas del Ebro (además, anteriores al deshielo, por lo que es fácil que vuelvan a producirse en unas semanas, y más graves aún), que han coincidido con una sequía de cinco meses en tierras alicantinas y murcianas, cuando la reivindicación ha reverdecido.

La natural indignación de los agricultores se ha estimulado por la palmaria desigualdad de trato por parte del Gobierno del Sr. Rajoy, que ha comenzado a trabajar en las ayudas a las zonas inundadas, visitando en helicóptero éstas y anunciando la ayuda del Estado. Mientras tanto del Real Decreto de Sequía duerme, o descansa, en los cajones. Obviamente, las reacciones de los afectados y de sus representantes institucionales no se han hecho esperar y ya la Consellera Isabel Bonig se ha reunido con la Ministra García Tejerina para plantear medidas sobre la sequía y sus efectos –y las medidas paliativas- , pero la cuestión de fondo sigue agitando la opinión pública.

¿Para cuando el trasvase? ¿Para cuando una solución definitiva para los regantes de la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia?

Probablemente, la respuesta a estas preguntas vaya más allá de las soluciones partidistas y las promesas electorales. Éstas no nos dan la menor confianza: las soluciones socialistas son las que ya han sido del insuficiente programa “AGUA” y las soluciones populares son contradictorias en unas u otras Comunidades y finalmente ninguna.

Probablemente, la respuesta esté en un gran consenso desde la solidaridad y la utilidad, con análisis científicos objetivos y soluciones consensuadas y pragmáticas, alejadas de posiciones viscerales –muchas veces alentadas por intereses electorales que apelan a sentimientos identitarios-.

Probablemente sea necesaria la convocatoria, tras una importante fase de análisis y estudio, de un Congreso Nacional del Agua, en el que se abran sin temor y sin sectarismos, ni nacionalismos/regionalismos, todos los problemas y se examinen todas las soluciones factibles, sin excluir ninguna “a priori”, pero sin rechazar tampoco ninguna “a priori”.

Lo que no podemos seguir es con la política del vaivén –trasvase sí, trasvase no, silencio para no molestar a nadie- y sin buscar soluciones.

Ya sabemos que en los últimos años la protagonista ha sido la crisis económica y el tremendo problema –y tragedia- del desempleo y el fantasma del rescate, pero esto ya ha cumplido su fin político principal de justificar el saneamiento de las entidades financieras con dinero público y la reforma laboral (por no decir la precarización del trabajo por cuenta ajena y la proletarización del trabajo autónomo) -lo cual pueda acarrear el final del régimen político de la transición: el duopolio alternante-, pero esto en poco alivia la pesadumbre de los agricultores que miran al cielo –y luego a los canales- buscando el agua que no llega. Y esto se puede –por lo menos- empezar a estudiar y a hablar para resolver el problema y no para movilizar electores.

Por Mariano Ayuso Ruiz-Toledo, Abogado, Director de Ayuso Legal