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Financiación autonómica

Alfonso MarcoAlfonso Marco, colaborador de Elche News

Ante el permanente debate entre un sistema de Monarquia o Federalismo, solo cabe la experiencia de haber vivido en los dos modelos y, puedo asegurar que apenas existen diferencias.

El modelo republicano celebra la unión entre varios estados, mientras que la Monarquia lo hace con las comunidades autónomas; los estados federados tienen sus competencias legislativas limitadas y deben someterse al conjunto formado por la Constitución, las leyes federales, las leyes estatales y las leyes municipales; ¿os suena la equivalencia con nuestro sistema?

En materia de financiación, el modelo federal tampoco goza de diferencias relevantes ya que se rige por un sistema de pesos (participación sobre el conjunto del PIB) y reciben compensaciones por las competencias asumidas. Así, tenemos el caso de celebres repúblicas como Alemania, USA, Brasil, entre otros, y con algunas diferencias sustanciales, el caso de Francia.

España, con sus sistema de Monarquia Parlamentaria, tiene consolidado un sistema de Administraciones Autonómicas con un pacto de reparto de competencias y un sistema de financiación para el pago de las competencias asumidas. Las autonomías reciben una cantidad por cuenta de los servicios que prestan en nombre del Estado dentro de sus regiones y que tiene en cuenta su participación en el PIB nacional, su población y lo que denominamos el principio de solidaridad de financiación.

Sin embargo, esas reglas tienen muchos inconvenientes cuando se aplican a Regiones receptoras de grandes flujos estacionales porque no atiende correctamente el coste de una capacidad de atención sobredimensionada. Dicho de otra manera, esa región debe estar preparada para atender una población flotante muy superior a su población censada y, o tiene servicios sobredimensionados en la mayoría del año o en épocas estivales tiene listas de espera en todos los servicios.

Si a esto añadimos que determinadas comunidades son receptoras netas de población inmigrante, tenemos como resultado que si no se revisa el censo y por lo tanto la distribución de los fondos, la Autonomía termina gastando mas y por lo tanto, endeudándose. Este es el caso de la Valenciana que, desde hace mas de 25 años, viene intentando adecuar su financiación a la realidad de su gasto y de la demanda de servicios. Así, lo intentaron todos los presidentes autonómicos incluido el actual.

Por lo tanto, para poder tener satisfechas las necesidades de los ciudadanos en materia de policía, bomberos, farmacias, sanidad, redes de saneamiento, etc, los fondos a transferir deben atender a la dimensión correcta de población y deben ser adaptables y modificables como lo es el interés de las personas de vivir en una u otra región.

Para solucionar esta cuestión, se debe tener en cuenta las necesarias revisiones del censo poblacional y atribuir una financiación justa y, de ahí, la necesidad de demandar al Estado un modelo de financiación que permita ajustarse a esa realidad, por ahora, incomoda, en la que el que mas necesita recibe menos de lo que le correspondería porque uno de los elementos cruciales (el censo poblacional) es inamovible.

Ello me hace pensar que el Molt Honorable no tiene un mandato más importante que conseguir cambiar (para mejor) el modelo de financiación autonómica.

Artículo escrito por Alfonso Marco

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