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La lista de Falciani y el dinero refugiado en paraísos fiscales

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La reciente publicación de nuevos y mayores datos de la lista facilitada hace ya unos años por Hervé Falciani –antiguo empleado en Suiza del Banco HSBC- a las autoridades francesas y divulgada posteriormente a las autoridades de otros países de la Unión Europea –entre ellos España-, y finalmente difundida por los medios de comunicación, ha generado una considerable alarma social.

La enorme cantidad de dinero, superando los cien mil millones de euros, depositado en cuentas opacas en la filial de este banco británico en Suiza, y el carácter público de bastantes de los depositantes de estas cuentas millonarias (artistas, políticos, importantes empresarios, deportistas de élite y otros sorprendentes personajes) plantea unos interrogantes sobre la trascendencia legal y económica de estas cuentas en Suiza o en otros paraísos fiscales.

El traslado del dinero a un país extranjero, y su depósito en un banco de ese país, en sí mismo no es ni bueno, ni malo, legalmente hablando. En España es perfectamente legal en la actualidad la libre circulación de capitales. Por supuesto dentro de la Unión Europea –dentro de la cual es una de las libertades económicas básicas (junto con la libre circulación de trabajadores y la libertad de prestación de servicios y de establecimiento)-, pero también fuera, desde que se derogara en 2003 el llamado ”Control de Cambios” –ya antes estaba muy atenuado el control de transacciones exteriores- y tan sólo persisten alguna limitaciones y controles básicamente informativos.

Otra cuestión es la repercusión en el terreno económico y fiscal. Obviamente no es deseable que la riqueza de un país emigre a otro u otros, en vez de reinvertirse en él. Pero esta cuestión no puede resolverse con prohibiciones de movimientos de capital, pues ello genera –a medio y largo plazo- una desinversión y una desincentivación de la inversión. La manera eficaz de conservar los capitales, incluso de atraerlos, es estimular la generación de riqueza y dar confianza a los inversores –darles seguridad y en esto es muy importante, precisamente, la de poder repatriar beneficios e inversiones-, así como ofrecerles una fiscalidad atractiva.

Esto último –la fiscalidad- es el gran problema del movimiento de capitales y el gran atractivo de los paraísos fiscales –junto con la opacidad-, pues la elevada presión fiscal desincentiva a los inversores y ahorradores, pero la verdad es que puede combinarse -a efectos de las economías públicas- la menor presión fiscal con el incremento de volumen de riqueza generado –que supone mayor recaudación al gravitar menores tipos impositivos, pero sobre mayor riqueza gravable. Esto es lo que ocurre en países muy atractivos por una moderada presión fiscal, pero con unas buenas oportunidades de beneficios. Este sería el equilibrio ideal, y no estaríamos en el caso de un paraíso fiscal , sino de una economía boyante con un sistema fiscal equilibrado.

El paraíso fiscal es el que ofrece como –prácticamente- único atractivo para los depositantes extranjeros, la opacidad de los depósitos y el que la presión fiscal es muy baja, desproporcionadamente baja respecto de los países del entorno económico. La opacidad –el que no trasciendan los datos de los depósitos bancarios a las autoridades del país de residencia del titular de los fondos- influye decisivamente en las obligaciones fiscales, ya que los ciudadanos residentes en un país “normal” –lo llamo así por contraposición a un paraíso fiscal- deben contribuir fiscalmente por los beneficios generados fuera del país por sus bienes depositados fuera -aunque hay, obviamente, mecanismos para compensar lo pagado en el país donde se encuentran depositados- y la opacidad impide esta fiscalidad en le país de residencia. Por eso, si no hay opacidad, en principio, no hay una objeción legal a sacar el dinero del país y depositarlo en otro –libre circulación de capitales-, ya que, si no hay opacidad, el dinero va a tributar en uno y otro país proporcionalmente y el efecto será neutro fiscalmente.

Si los depósitos son opacos, la tributación en el país de residencia de estos depósitos es incontrolable y ello produce una evasión fiscal considerable. Por ello, las ofertas de regularización fiscal y declaración voluntarias que se hacen de vez en cuando. En España hemos tenido dos en los últimos años: la primera con ocasión – precisamente- de la primera aparición de la lista Falciani en 2008 (el entonces gobierno de Zapatero ofreció a los “aparecidos” en las listas de depósitos en Suiza, regularizar fiscalmente sin mayores investigaciones) y la segunda con la amnistía fiscal de 2012 (ya con el Gobierno de Rajoy y que permitió aflorar dinero oculto tributando sólo al 10%). Estos “favores” a los defraudadores obedecen a un interés público en que aparezcan y se incorporen a la normalidad financiera y tributaria los capitales ocultos; la idea es eficaz en la práctica, pero injusta respecto de los ciudadanos que no han defraudado y contribuido todos los ejercicios y por tipos impositivos mucho más altos.

Pero el verdadero problema de los paraísos fiscales y de la opacidad de los depósitos en sus bancos, es que a través de ellos se vertebra el aprovechamiento económico de las más grandes actividades y redes delictivas. Sin paraísos fiscales con depósitos opacos los narcotraficantes, los traficantes de armas ilegales, los gobiernos y/o gobernantes corruptos, los reyezuelos y cabecillas mafiosos de medio mundo (vertidos contaminantes ilegales, minerales y piedras preciosas de origen delictivo, incluso genocida, tráfico de personas, explotación salvaje de los recursos naturales contraria a los tratados internacionales), no tendrían posibilidad de atesorar el ilícito beneficio de sus crímenes y de blanquearlo a través de las redes bancarias con origen en los depósitos ocultos.

Los paraísos fiscales y su pervivencia no sólo atentan contra la igualdad y la justicia distributiva, la generación de riqueza “limpia” y el orden económico justo y equilibrado, sino que fomentan y posibilitan la corrupción y el crimen organizado.

Por eso, las acciones como las de Hervé Falciani –denostadas por algunos por “perturbar” el santuario del dinero: el secreto bancario suizo- son necesarias, ante la pasividad de los gobiernos, incluso los de la Unión Europea, en adoptar posiciones radicales contra el secreto bancario y los paraísos fiscales, sancionando a los países que consienten estas prácticas aberrantes. Sirva de ejemplo, el que con la publicación e investigación de la lista Falciani, se descubrió la mayor red de tráfico de cocaína. Incluso genocidios –o el aprovechamiento económico por los genocidas- se habrían evitado con una mínima transparencia en los depósitos bancarios de los paraísos fiscales.

Por Mariano Ayuso Ruiz-Toledo, Abogado, Director de Ayuso Legal.