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Las grabaciones del caso Rus

Mariano AyusoMariano Ayuso Ruiz-Toledo. Abogado, Director de Ayuso Legal - Colaborador de ElcheNews

Entre las noticias de estos últimos días, ha causado sorpresa en numerosos ciudadanos, y así lo han manifestado en las redes sociales la no divulgación pública del contenido de las famosas –tristemente famosas- grabaciones aportadas por el Sr. Benavent –o por algún familiar suyo- y en las que no sólo aparece él como implicado en una oscura trama de corrupción, sino que supuestamente implican al Alcalde de Xativa y Presidente de la Diputación Provincial de Valencia, Alfonso Rus.

Se han hecho llamativas pseudofiltraciones y circulan rumores acerca de estas grabaciones –incluso algunas un tanto rocambolescas y llamativas-, como la de que estaría grabado el que los citados señores, u otros relacionados con ellos, contaban billetes de dudoso origen en voz alta y reconociendo ese dudoso origen. También
se han filtrado algunas referencias a “negocios” de distintas instancias políticas que serían mencionados en las grabaciones, pero sólo aspectos colaterales o frases aisladas.

Es natural que en la opinión pública haya una cierta extrañeza a la opacidad en torno a estas grabaciones y al hecho de que incluso el Ministerio Fiscal no las incorpore al proceso penal, sino que las mantenga –por así decirlo- en reserva de esas actuaciones penales- Sobre todo si lo comparamos con otras grabaciones comprometidas en casos no muy lejanos y que fueron filtradas ampliamente en los medios de comunicación y utilizadas en procesos judiciales.

En mi criterio -y desde mi experiencia profesional y los mayores o menores conocimientos que pueda tener sobre procesos penales- el tratamiento de los medios de comunicación, e incluso de la Fiscalía, respecto de estas grabaciones es sumamente cauteloso por el origen de ellas. Es decir, no se trata de grabaciones realizadas por la Policía Judicial en el ámbito de una investigación u obtenidas de alguna otra manera indubitada y aportadas al proceso penal, sino de unas grabaciones aportadas por un particular –o por un familiar suyo- implicado como supuesto responsable en los hechos indiciariamente delictivos y que se encuentra en paradero desconocido.

La realidad, certeza y veracidad de esas grabaciones –en consecuencia- son bastante inciertas, salvo que las personas supuestamente intervinientes en ellas las reconocieran como propias y auténticas. Y eso no se ha producido. Por consiguiente, hasta tanto se practiquen las adveraciones, cotejos, pruebas técnicas analíticas de las voces –y, además, con todas las garantías procesales aplicables y con contradicción de partes- es sumamente arriesgado dar por fidedignas esas grabaciones y difundirlas o incorporarlas como prueba de cargo a un proceso
penal. Parece que la UCO de la Guardia Civil está trabajando sobre ellas.

Los derechos procesales de los investigados, las garantías de todo ciudadano y, por supuesto, su derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen –todo ello constitucionalmente reconocido- impiden la difusión, incluso con todas las salvedades, del contenido de las referidas grabaciones mientras no tengan un viso
de certeza y verosimilitud de cierta entidad.

No quiero decir con esto que cuando unas grabaciones que afectan al honor , a la intimidad y a la propia imagen sean –en cierta forma- indubitadas por haber sido, por ejemplo, obtenidas en el seno de una investigación policial o judicial, puedan por ello ser legítimamente difundidas. Existen cortapisas para ello. Desde el secreto sumarial, hasta el derecho a la protección jurisdiccional –civil y penal- a la intimidad, el honor y la propia imagen. Y estoy pensando –como no podía ser menos- en la bochornosa difusión de la grabación de ciertas conversaciones privadas del que fuera Presidente de la Generalitat, el Sr. Camps. Nada más impropio, ni que ofreciera ninguna luz sobre la conducta pública y los delitos de que se acusaba al Sr. Camps. Pero se trataba de una información contrastada y real, por más que fuera éticamente reprochable su difusión en los medios de comunicación, y en todo caso le quedaba al perjudicado la acción judicial civil para obtener la reparación de su honorabilidad mancillada.

En el presente caso es –por ahora- sustancialmente distinto. Las conversaciones no provienen de un medio de grabación autenticado judicial o policialmente –y no es ahora el momento (lo será en otro artículo) de entrar en el debate planteado por el Ministro de Justicia sobre la prohibición o no de que los medios de comunicación difundan informaciones o grabaciones filtradas de los sumarios judiciales o atestados policiales-, sino que se trata de grabaciones no adveradas ni reconocidas por los afectados, y que no han podido ser –por el momento- científicamente comprobadas en cuanto a la realidad de la participación en ellas de los presuntos implicados (sic).

Por ello, me parece elogiable la prudencia con que tratan la cuestión el Ministerio Fiscal -que guarda las grabaciones, pero las mantiene al margen del proceso por el momento- y los medios de comunicación. La prudencia es virtud que en el lenguaje de nuestro siglo de oro era equivalente a sabiduría –al igual que “discreto” era
sinónimo de inteligente y sagaz- y su ejercicio conlleva el no incurrir en excesos que puedan ser perjudiciales, para sí o para tercero, ni en actitudes temerarias.

Cuestión distinta es el tratamiento político –en el campo de la política- que puedan tener las grabaciones en cuestión y el escándalo suscitado en torno de ellas. En ese ámbito –y, en particular, en periodos preelectorales como el presente- rigen parámetros muy distintos a los periodísticos o a lo judiciales. En ese terreno, la
prudencia tiene un ejercicio totalmente distinto –como ocurre con la presunción de inocencia- y, parece, que todo se mide en términos de réditos electorales.

Además, y eso es un efecto perverso de todas las plagas, el miedo a la enfermedad y al contagio, hace que individuos sanos (o que no se sabe a ciencia cierta si están enfermos) vean tratados como apestados y se vean incardinados en los cordones sanitarios. Y la peor plaga de nuestra sociedad –mundial, no exclusivamente
española (y menos valenciana)- es la corrupción.

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