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Bravo espera en septiembre el informe para recurrir por la infrafinanciación

el Consell aprobará en febrero la nueva Ley de Mediación de la Comunitat ValencianaEl Consell aprobará en febrero la nueva Ley de Mediación de la Comunitat Valenciana

Gabriela Bravo, consellera de Justicia y Administración Pública,  espera que el informe  jurídico y económico con los que poder presentar el recurso judicial por la infrafinanciación de la Comunitat Valenciana esté elaborado a lo largo del mes de septiembre.

Bravo mantuvo el miércoles una reunión con el conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, en la que acordaron constituir una comisión permanente para precisar el recurso judicial que la Generalitat presentará por “el incumplimiento del Gobierno de financiar adecuadamente a la Comunitat Valenciana”. Según dijo, el objetivo de dicho encuentro fue “conjugar los criterios jurídicos con los argumentos económicos que nos parecen muy importantes, teniendo en cuenta que estamos hablando de la infrafinanciación de la Comunitat Valenciana” y así preparar “la argumentación y la elaboración de ese informe”.

El informe verificará “cuáles son las vías judiciales a través de las que la Generalitat puede ejercitar acciones contra el Gobierno para demandar y reclamar lo que es un grave problema para los valencianos como es esa deuda”. Esto “no es una responsabilidad completa del Gobierno anterior”, porque “esa deuda deriva de ese sistema de infrafinanciación que durante tantos años ha perjudicado a la Comunitat Valenciana”. Es por ello que “las vías judiciales que estamos estudiando van a canalizar esa reclamación para que la Comunitat no se vea perjudicada por la existencia de esa deuda histórica”.

La titular de Justicia considera que “lo ideal sería que el Gobierno central y el autonómico pudieran llegar a un acuerdo por el que dieran una solución al problema de la infrafinanciación”, ya que esto sería “lo responsable por parte del Gobierno”. Bajo su punto de vista el actual partido que dirige España “debería evitar que el Gobierno valenciano se vea obligado a demandar ante los tribunales para defender los intereses de los valencianos“.

Bravo ha advertido que “esto no es un problema ni de color político ni de ideologías” y que “si tenemos que afrontar la deuda que estamos arrastrando de este sistema que ha perjudicado tanto a la Comunitat Valenciana, no vamos a poder hacer frente a los servicios públicos esenciales“.

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