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El ‘caso Imelsa’ provoca la destitución de los cargos corruptos del PPCV y su cese como militantes

Isabel Bonig, PPCVIsabel Bonig, presidenta del PPCV

Tras conocer las detenciones en Imelsa, a través de la ‘operación Taula’, la presidente Isabel Bonig y la dirección del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV) ha acordado la destitución inmediata de todos sus cargos y el cese en cualquier tipo de actividad relacionada con esta formación política a todas las personas detenidas en el curso de la operación de la Guardia Civil desarrollada durante la jornada de hoy contra la corrupción en el marco del llamado ‘caso Imelsa‘.

Asimismo, el PPCV ha instado al Comité de Derechos y Garantías regional a abrir expediente a todos los militantes detenidos, así como la suspensión cautelar de militancia de todos ellos. Los ‘populares’ valencianos señalan, a través de un comunicado, que el PPCV “va a ser contundente ante cualquier atisbo de corrupción, sin menoscabo al derecho de presunción de inocencia de todas las personas investigadas”.

Finalmente, el Comité Nacional de Derechos y Garantías del Partido Popular, a instancia del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, ha acordado hoy la suspensión de militancia de las personas detenidas en el curso de la operación policial desarrollada hoy en Valencia y que figuran como afiliados del PP.

El comunicado ha sido emitido tras conocerse la detención del expresidente del PPCV y Diputación, Alfonso Rus, cesado de su militancia en mayo del año pasado, y otros cargos y Partido Popular en instituciones valencianas.

Agentes de la Guardia Civil, a instancia de la Fiscalía Anticorrupción, han irrumpido a las nueve de la mañana en la casa del expresidente de la Diputación, y han llevado a cabo varios registros, incluso en una de sus empresas.  En las últimas horas también se ha conocido la detención de la exconcejal de Cultura en el Ayuntamiento María José Alcón (PP), el exvicepresidente de la corporación provincial y exalcalde de Moncada, Juan José Medina, el exacalde de Genovés, Emilio Llopis y el exvicepresidente de Diputación y ex secretario autonómico de Educación Máximo Caturla.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), la macrooperación incluye un total de 24 detenciones practicadas en las provincias de Valencia, Alicante y Castellón; y en la causa hay 29 investigados- término que sustituye al de imputado tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim)

En esta causa, que la Guardia Civil ha bautizado como ‘Operación Taula’, hay otras cinco con categoría de “investigadas”, han señalado las mismas fuentes. En total, van a producirse 33 registros en los domicilios particulares de los investigados y también en empresas como Ciegsa –empresa pública dedicada a la construcción de colegios– y otras entidades como la Fundación Jaume II y la se del Club Deportivo Olímpic de Xátiva.

De hecho, se está llevando a cabo una operación contra una trama de corrupción municipal y regional, que afecta a varios ayuntamientos, también al Cap i Casal y a la Generalitat.  No obstante, las investigaciones apuntan a la exalcaldesa del Ayuntamiento de Valencia y actual senadora territorial, Rita Barberá, al exconseller, Gerardo Camps y al exdiputado regional del PP, David Serra.

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