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El juicio por la pieza de Fitur se iniciará el 31 de marzo

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El juicio por la pieza 3 del ‘caso Gürtel’, relativa a supuestas irregularidades en contrataciones de la feria Fitur entre los años 2005 y 2009, prevé arrancar el 31 de marzo, justo con un año de retraso y en plena precampaña electoral.

Los abogados de los 13 procesados en esta pieza se han reunido este miércoles en la sede del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) para cuadrar agendas de cara al juicio, y han fijado provisionalmente como fecha de inicio el 31 de marzo. Así mismo, está previsto que la vista se prolongue durante seis meses -con la excepción de agosto, donde habrá juicio un día- y que concluya para octubre –ahora será la Sala del tribunal la que confirme y de por válidas los días señalados–.

Se da la circunstancia de que el juicio coincidirá con el inicio de la vista por el caso Terra Mítica, que se celebra desde marzo y hasta septiembre en la Audiencia de Valencia. Según han informado a Europa Press fuentes judiciales, los fiscales encargados de Gürtel querían empezar este último proceso el 2 de febrero pero por imposibilidad en la agenda del resto de letrados intervinientes se ha tenido que aplazar al 31 de marzo.

En todo caso, se ha señalado la celebración de cada sesión en días en los que no se coincida con el juicio por el otro proceso, ya que hay letrados que participan en ambas causas. De hecho, también en esta pieza de Gürtel se han señalado numerosas sesiones para viernes, con la posibilidad de que si no se termina lo estipulado para esa jornada, se pueda seguir en sábado.

El calendario propuesto incluye el 31 de marzo; cuatro días en abril (1, 10, 1 y 24); cuatro en mayo (8, 15, 22 y 28); seis en junio (5, 6, 11, 12, 19 y 20); otros tantos en julio (2, 3, 4, 10, 17 y 18); el 3 de agosto; los días 1, 2, 3, 14, 15, 18, 21, 22, 25, 28 y 29 de septiembre y 1, 5, 6 y 8 de octubre.

El juicio por esta pieza llega justo con un año de retraso, puesto que inicialmente se fijó el 31 de marzo de 2013 para su inicio. Sin embargo, el tribunal valenciano se vio obligado a posponer su comienzo ante la decisión de la procesada Milagrosa Martínez de dejar su escaño en las Corts unos días antes de comenzar la vista, con lo que la causa se quedaba sin ninguna persona aforada y, por tanto, en principio, el tribunal ya no era el órgano competente para encargarse del enjuiciamiento.

Martínez, alcaldesa de Novelda (Alicante), exconsellera de Turisme y entonces diputada ‘popular’, abandonó su acta el 21 de marzo. Esta decisión hizo que el TSJCV suspendiera el juicio hasta resolver sobre la competencia para enjuiciar los hechos.

Entonces el tribunal valenciano acordó que fuera la Audiencia de Valencia la que enjuiciara la pieza, pero contra esta decisión Fiscalía Anticorrupción presentó un recurso en el que alegó que dicha decisión no era ajustada a derecho, con lo que entendía que se había incurrido en una infracción de precepto legal y constitucional.

El Tribunal Supremo, tras estudiar el recurso del ministerio público, acordó que fuera el TSJCV el que juzgara la rama Fitur en base al criterio que establece que es el auto de apertura de juicio oral el que determina la imposibilidad de una renuncia del aforamiento con efectos procesales. Tras esta decisión, el siguiente paso era fijar el inicio del juicio y para ello el tribunal ha citado este miércoles a los abogados de los procesados con el objetivo de cuadrar agendas.

LA CAUSA Y PROCESADOS

En esta causa hay un total de 13 procesados: las exconselleras de Turismo Milagrosa Martínez y Angélica Such; el exjefe de gabinete de la Agencia Valenciana de Turismo (AVT) Rafael Betoret; Alvaro Pérez, Pablo Crespo, Cándido Herrero y Francisco Correa –considerados presuntos cabecillas de la trama–; Isaac Vidal, exjefe del área de Mercados y Comunicación de la Agencia Valenciana de Turisme; Jorge Guarro, jefe del servicio de Promoción de la agencia y Ana Grau, coordinadora de ferias de la AVT; Juan Bover, jefe de servicio de servicio de Infraestructuras Turísticas de la Generalitat; Isabel Jordán (exadministardora de empresas de la trama); y Mónica Magariños (exempleada de las mismas entidades).

Los 13 procesados se sentarán en el banquillo por presuntos delitos de prevaricación, malversación, enriquecimiento injusto, cohecho, tráfico de influencias, falsedad e infidelidad en la custodia de documentos.

En concreto, se les imputó por adjudicaciones realizadas por la AVT, entidad publica de la Generalitat, a la mercantil Orange Market –y otras sociedades vinculadas–, que se encargaba de organizar y realizar la mayor parte de actos del PPCV.

Asimismo, los procesados están acusados de posible duplicidades de pagos abonados a las mercantiles investigadas con anuencia de las distintas autoridades y empleados públicos con funciones de redactar los pliegos y criterios de adjudicación; y de emitir informes a la Mesa de Contratación, concurrir, hacer propuestas y adjudicar concursos a estas empresas.