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Empieza el plazo para la llegada de ayudas del Estado

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Este miércoles, 31 de diciembre, entra en vigor el decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros la pasada semana que contiene una serie de medidas sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y las entidades locales y otras de carácter económico publicado el martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE). De esta manera la Comunidad Valenciana podrá tener un respiro al recibir fondos del FLA.

Esta norma responde al deseo del Gobierno de extender a todas las administraciones territoriales el beneficio del menor coste de financiación que obtiene España en los mercados. Así, se amplía la cobertura del Tesoro Público a todo el sector público español y se ofrece una cobertura más amplia que la ofrecida hasta ahora.

Se financiarán todas las necesidades de las comunidades autónomas, se dará por primera vez cobertura a necesidades de liquidez de las entidades locales y se incluirán nuevos conceptos a financiar (inversión sostenible para entidades locales, convenios pendientes de pago de comunidades autónomas en materia de política social con Entidades Locales).

Los nuevos mecanismos de financiación estarán abiertos a todas las comunidades autónomas y entidades locales y los tipos de interés serán del 0 por ciento en 2015 por los préstamos bajo estos nuevos mecanismos y la deuda viva con el Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores y el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).

FONDO DE FINANCIACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

En el ámbito autonómico, estará disponible la facilidad financiera para aquellas comunidades que cumplan los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y período medio de pago a proveedores. Este mecanismo pretende premiar a las regiones “cumplidoras” para que mejoren su coste de financiación.

En segundo lugar, del Fondo de Liquidez Autonómico -que establece las mismas condiciones que el FLA ya existente-se pueden beneficiar las comunidades que no cumplan los objetivos de estabilidad o de deuda y soliciten la adhesión, además de aquellas que incumplan de forma reiterada el período medio de pago a sus proveedores.

Por último, está el fondo social, a través del cual los gobiernos autonómicos podrán financiar temporalmente su deuda pendiente de pago con las entidades locales a 31 de diciembre de 2014 que se deriven de convenios en materia de gasto social. Las comunidades que no se adhieran y no cancelen por sí mismas estas deudas quedarán sujetas a retenciones del sistema de financiación autonómica, con el fin de saldar las deudas con los municipios.

Cada uno de estos fondos para comunidades autónomas y entidades locales integra, además, el extinto Fondo de Financiación para el Pago de Proveedores de Comunidades Autónomas y de Entidades Locales, para simplificar su organización. En el caso de las comunidades, se amplía la carencia de principal en un año, opción que se había dado ya a las entidades locales en 2014.

El Ministerio estima que estas medidas generarán en este año que comienza unos ahorros de 5.553 millones de euros para las comunidades autónomas y 1.451 millones para las corporaciones locales.

FONDO DE FINANCIACIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES

En el ámbito de las entidades locales, dependiendo de su situación financiera, hay varios mecanismos. El Fondo de Ordenación está destinado a los municipios altamente endeudados, en riesgo financiero, y a aquellos con más de 75.000 habitantes o capitales de provincia cuyo período medio de pago a proveedores supere de forma reiterada en más de treinta días el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad.

Por otro lado, el Fondo de Impulso Económico está destinado a las entidades locales que cumplan los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública y cuyo período medio de pago a proveedores no supere de forma reiterada en más de treinta días el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad.

Se prevé la financiación de vencimientos de préstamos asociados a inversiones financieramente sostenibles o para la financiación de proyectos de inversión que se consideren relevantes según la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. Por otra parte, se permitirá aplazar a diez años el pago de las liquidaciones negativas de 2013.