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La Audiencia Nacional abre juicio oral por la presunta financiación ilegal del PPCV

Ricardo Costa, Vicente Rambla, PPCVEl exvicepresidente primero del Consell, Vicente Rambla, conversa con el exportavoz del grupo popular, Ricardo Costa, durante la sesión matinal de la segunda jornada del Debate de la Comunitat celebrada en Les Corts

José de la Mata, el juez de la Audiencia Nacional que investiga la trama Gürtel, ha abierto juicio oral contra 20 personas acusadas de financiar de forma ilegal el Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV) entre 2007 y 2008, en concreto las campañas de las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008. Entre ellos están acusados Vicente Rambla y Ricardo Costa.

Entre los 20 acusados que se sentarán en el banquillo se encuentran el presunto líder de la trama ‘Gürtel’, Francisco Correa; su ‘número dos’, Pablo Crespo; y el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez, ‘El Bigotes’. Además, se acusa a cinco ex altos cargos de la formación política, entre ellos Ricardo Costa y Vicente Rambla.

El resto de acusados son empresarios radicados en la Comunidad Valenciana sospechosos de financiar de forma irregular el partido a nivel regional, entre los que figuran el exconsejero delegado de Repsol Ramón Blanco Balín y el sobrino del expresidente de las Cortes Valencianas Juan Cotino, Vicente Cotino.

El magistrado acusa a los procesados de delitos electorales, falsedad en documento mercantil y delitos fiscales, mientras que reclama el pago de multas en concepto de responsabilidad civil y pide la más elevadas para ‘El Bigotes’, a quien reclama 10,2 millones de euros.

La Fiscalía Anticorrupción pide siete años de cárcel para  el que fuera secretario general del PPCV y diputado autonómico Ricardo Costa; el ex vicepresidente de la Generalitat y exdiputado autonómico Vicente Rambla; el antiguo vicesecretario de organización y diputado regional David Serra;  y su antecesora en la gerencia Cristina Ibáñez. Para la entonces gerente, tesorera regional y diputada Yolanda García, solicita seis meses de prisión y 650 euros de multa.

Además, se sentarán en el banquillo de los acusados los empresarios Rafael y Tomás Martínez Berna -de Hormigones Martínez y posteriormente CHM Obras e Infraestructuras-; Enrique Gimeno -por Facsa-; Alejandro y Antonio Pons -Dols y Piaf-; Gabriel Alberto Batalla -administrador del Grupo Lubasa-; Enrique Tomás Ortiz; José Francisco Beviá; Vicente Cotino -del Grupo Sedesa-; y José Enrique Fresquet, de Pavimentos del Suroeste, luego denominada Padelsa Infraestructuras.

El juez, que ha abierto juicio oral en las piezas separadas 1,2 y 6 de la rama valenciana del caso ‘Gürtel’, sostiene que Correa dirigía un holding empresarial que organizaba eventos para los  ‘populares’, que tenía sociedades vinculadas como Down Town Consulting (DTC) y su sucesora, Easy Concept; Booomerangdrive; Tecnology Consulting Management; Rialgreen/Trece; Good and Better; Diseño Asimétrico; Servimadrid; y Orange Market.

Crespo y Luis de Miguel Pérez constituyeron esta última mercantil en 2003 en Valencia por las “buenas perspectivas de negocio” que tenían dadas las “buenas relaciones” que ambos junto con Correa y el contable Cándido Herrero tenían con los “responsables políticos” del PPCV. Sus actividades comenzaron en 2004 con la realización de actos para el PPCV en la ciudad o la presentación de la America’s Cup y la Cámara de Comercio.

En 2006, el PPCV empezó a contratar a Orange Market para preparar sus campañas autonómicas y municipales. Por ejemplo, abonó, sin tributar ni contabilizar, unos 1,15 millones en las autonómicas de 2007 y un total de 78.878 euros en las municipales de ese año por actos, entre los que se encontraba uno protagonizado por el presidente del Gobierno en funciones Mariano Rajoy en Alicante (16.882 euros).

Según el juez, el sistema de pago de los gastos que realizaba Orange Market para el partido se abonó “presuntamente de forma dual, es decir que al menos una parte relevante se abonó con cantidades económicas ajenas al circuito económico legal, mientras otra se hacía de forma legal mediante la emisión de factura”.

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