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La Generalitat podrá formalizar operaciones de deuda por valor de 2.417.050.000 millones de euros

deudaConsejo de Ministros

El Consejo de Ministros ha autorizado este viernes a la Comunitat Valenciana a formalizar operaciones de deuda a corto plazo por un importe máximo de 2.417.050.000 millones de euros, para cubrir necesidades transitorias de tesorería.

Estas operaciones sólo podrán formalizarse hasta el 31 de diciembre de 2016, deberán respetar el principio de prudencia financiera y no podrán suponer incumplimiento del objetivo de deuda, fijado para dicha Comunidad Autónoma para el año 2016 en el 38,2 por ciento del PIB regional.

La necesidad de esta autorización del Consejo de Ministros deriva de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de 2012. Dicha norma establece que todas las operaciones de endeudamiento de las comunidades autónomas incumplidoras de los objetivos de estabilidad de deuda pública o de la regla de gasto, precisarán de autorización del Estado mientras persista el incumplimiento.

La Comunitat Valenciana ha incumplido el objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto del ejercicio 2014, por lo que debe presentar un plan económico-financiero que permita el cumplimiento del objetivo en el año en curso y el siguiente.

 

Una semana después de anunciar una multa de 63 millones de euros

Como ya denunció Elche News en un editorial, el Ejecutivo de Mariano Rajoy, a través del Ministerio de Hacienda, encabezado por Cristóbal Montoro, quiere hacer pagar al nuevo Consell la multa, a través de un recorte de 63 millones de los ingresos que el ministerio de Montoro debe transferir a la Generalitat en compensación por la deuda generada por el anterior gobierno autonómico, al no aportar a Hacienda las retenciones de los funcionarios de la Comunitat.

Ahora, esta medida de dejar a la Comunitat Valenciana formalizar operaciones de deuda a corto plazo por un importe máximo de 2.417.050.000 millones de euros, para cubrir necesidades transitorias de tesorería, es percibida por muchos agentes como un parche más de la dirección de la Hacienda pública emprendida por Cristóbal Montoro.

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