-->

Podemos contra el Corredor del Mediterráneo

wpid12219-wpid-pablo-iglesias-podemos.jpg

El documento de medidas económicas que usará Podemos para elaborar su programa electoral recoge la necesidad de declarar una moratoria de “grandes obras” en puertos, aeropuertos o el AVE, “sin tener miedo al efecto aparentemente negativo en el plazo inmediato sobre los indicadores convencionales de crecimiento económico”, es decir, el Producto Interior Bruto.

Así se detalla en una de las medidas que recoge el documento titulado ‘Un proyecto económico para la gente’, de 60 páginas, elaborador por los economistas Vicenç Navarro y Juan Torres por encargo de Podemos, y que la formación liderada por Pablo Iglesias someterá a debate con sindicatos, empresarios y representantes de todos los sectores sociales, con el objetivo de elaborar un programa de gobierno “realista” y “pragmático”.

En su plan de medidas, los catedráticos defienden que una de las “máximas prioridades” de un futuro Gobierno de Podemos debe ser diseñar “una estrategia global de sostenibilidad para la economía española”, que garantice “un gran apoyo público”, financiado entre otras cosas “mediante recursos procedentes de la reforma fiscal y de la imprescindible revisión de la política actual de grandes obras e infraestructuras” en puertos, aeropuertos o el AVE.

CRÍTICAS AL ‘PLAN E’ DE ZAPATERO

En esta línea, los economistas critican el ‘Plan Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo’, conocido como el Plan E, que puso en marcha el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero en 2008 “para tratar de estimular a la economía”.

A su juicio, “los resultados finales” de este plan y de otros similares puestos en marcha en otros países europeos son “un claro ejemplo” de que “no se adelanta mucho dedicando recursos, por muy cuantiosos que sean, a generar actividades que terminan fortaleciendo a “grandes infraestructuras que luego no generan demanda ni ingresos adicionales pero sí enormes facturas por mantenimiento e incluso en muchos casos deuda adicional”.

Este tipo de planes también acaban generando, según Torres y Navarro, “desigualdad que debilita la masa salarial y el mercado interno, o discriminación de género que descapitaliza y pone en peligro incluso la reproducción del sistema”; y “destrucción del medio natural que pagarán las generaciones futuras”.

INVERTIR EN EL SECTOR DE CUIDADOS PARA CREAR EMPLEO

“Al contrario que las grandes obras inútiles y depredadoras del medio ambiente, el aumento de la inversión pública en el sector de cuidados servirá para atender necesidades perentorias actualmente desatendidas, así como para crear puestos de trabajo y para permitir a las mujeres ocupar una posición acorde a su formación y capacidades”, señalan.

En este sentido, los economistas Torres y Navarro ponen de manifiesto que “si España tuviera una persona de cada cinco, como tenía Suecia en 2010, en los servicios públicos –de los cuales la mayoría son los del Estado de Bienestar– en lugar de una de cada diez, tendríamos más de tres millones y medio de empleos adicionales en nuestro país”.

“Así, no solamente se aprovechará el capital productivo de las mujeres y el capital cuidador de los hombres que hasta ahora se desperdician, sino que se atenderán mejor y con menos coste social las necesidades de las familias. De ahí que aflorar todo este sector económico ahora sumergido en el seno de las familias deba ser una estrategia básica para reactivar el consumo (público y privado) y aumentar el empleo”, explican.

No obstante, los economistas que ha otorgado a Podemos las líneas generales que guiarán la redacción de su programa electoral son consientes de que “asumir con carácter inmediato este compromiso de anular ciertas inversiones a costa de otras que deberían expandirse tiene aspectos que pueden considerarse negativos o perjudiciales, como un posible menor rendimiento económico inmediato si éste se sigue midiendo como crecimiento del PIB, o incluso la pérdida de empleos en algunos subsectores”.

CATALÁ AFIRMA QUE LAS OBRAS ESTÁN EN MARCHA

En otro orden, María José Catalá, tras ser preguntada por el malestar de los empresarios valencianos en la rueda de prensa habitual tras el pleno, ha asegurado que el Gobierno tiene garantía de que las obras del Corredor Mediterráneo están en marcha con normalidad y esperan la finalización entre diciembre de 2015 y marzo de 2016.

“No tenemos ninguna duda en cuanto a la ejecución de las obras. Estos retrasos son entendibles dada la dimensión de las mismas y la modificación del proyecto”, ha explicado Catalá quien ha hecho hincapié en que después de tantos años, lo importante es que esté el Corredor entre los meses de diciembre de 2015 y marzo del siguiente año.