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¿Sobrevivirá la enseñanza concertada en la CV a un cambio de gobierno?

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La existencia de la enseñanza concertada en la Comunidad Valenciana se va a convertir, con sus 240.000 plazas ­insuficientes para la demanda actual­ y 14.000 profesores, en un argumento electoral de primera magnitud. Primero, porque los tres grupos de la oposición parlamentaria, con algunas diferencias entre ellos, aboga por su supresión o, en el mejor de los casos, la supeditación de su existencia a la ausencia de plazas libres en la pública. Y segundo, porque, ante tal perspectiva, el Consell y el PP han optado por blindarla por más de una legislatura.

En la Comunidad únicamente hay 427 centros con concierto educativo (octavo lugar en la clasificación por comunidades autónomas), frente a los 1.696 públicos y los 640 privados entre las tres provincias. De sus 240.000 plazas sólo el 2% está vacante, aunque en la ciudad de Valencia 600 niños de tres años (un 10% de la demanda total de alumnado) no ha tenido más remedio que ir a la pública al no hallar plazas disponibles en los concertados.

Pero la política a veces antepone la doctrina a los cálculos electorales. Y éste puede ser un buen ejemplo.

La postura más clara en contra de este tipo de enseñanza es la de Compromís: quiere suprimirla. La mecha la encendió el diputado Fran Ferri, afirmando que su formación quiere “una transición tranquila” hacia el “modelo de educación pública”. Y para ello tendrán que realizar “un estudio para ver cómo convertimos los colegios concertados en colegios públicos”. O sea, suprimirlos.

Esas palabras encendieron todas las alarmas en el sector, por lo que Ferri matizó después en Twitter que “mai vaig dir res d’expropiar sinó revisar els concerts q incomplien la llei”.

Sin embargo su jefa, la candidata de Compromís a la presidencia de la Generalitat, Mònica Oltra, no ha dejado lugar a dudas. En una entrevista en el comarcal El Meridiano de l’Horta ha asegurado que “los conciertos seguirán existiendo, y en la medida en que haya infraestructuras públicas se irán eliminando”. Es decir, conforme se construyan colegios públicos se destruirán conciertos.

Oltra añade en esas declaraciones que ”el niño que empiece en un colegio concertado acabará en ese centro, y sus hermanos también”, pero da a entender que llegará un momento en que los que vengan detrás tendrán que optar por cursar en uno público o en uno privado sin concierto.

La reacción del Consell ha sido blindar los conciertos prorrogándolos de los actuales cuatro años a seis, es decir, más de una legislatura por si hubiera cambio de gobierno en el Palau. Y la del PP, mantener ­pese a la firma de esa prórroga la semana pasada­ el debate sobre la concertada en Les Corts a fin de que los tres grupos de la oposición se retrataran. ¿Su argumento frente al de toda la oposición de que la concertada sólo debe actuar de forma subsidiaria?, garantizar “la libertad de elección de centro” por parte de los padres.

Maira Barrieras, diputada del PP, ha señalado que “el derecho a la educación solo se ve satisfecho plenamente cuando los poderes públicos aseguran la escolarización de todos y respetan la libertad y el derecho de los padres de elegir escuelas para sus hijos, de acuerdo con sus convicciones o preferencias morales, religiosas, filosóficas y pedagógicas”. Y ha recordado que el gasto por alumno es menor en la escuela concertada que en la pública, y que ambas son perfectamente compatibles.

Desde el PSPV, la diputada Pilar Sarrión ha solicitado regular el sistema de conciertos educativos de forma que los centros que se acojan a este régimen garanticen que no segrega al alumnado por sexo y realizan “una adecuada y equilibrada escolarización”, así como que se paralicen los procedimientos de cesión de suelo público a empresas privadas para construir Centros de Iniciativa Social.

En esa línea, su jefe de filas, Ximo Puig, ya adelantó en Febrero que no suprimirá la enseñanza concertada ya existente ­si llega a tener ese poder de decisión­ aunque “lo que no vamos a hacer es concertar la enseñanza obligatoria cuando hay plazas libres ni regalar solares a empresas privadas”.

Volviendo a Les Corts, allí la portavoz adjunta de Compromís, Mònica Oltra, ha defendido una enmienda en la que atribuía un papel “subsidiario” a los conciertos educativos, y ha citado la investigación abierta por un juzgado de instrucción por presuntos pagos irregulares y excesivos de la Conselleria de Educación a colegios concertados que la patronal de éstos, Feceval, ha negado.

Por su parte, la síndica adjunta de EUPV, Marga Sanz, ha acusado a los populares de “blindar los conciertos a cuatro meses de las elecciones porque saben que van a salir de la Generalitat”.

Así las cosas, la pregunta parece clara: ¿cuánto tiempo sobreviviría la educación concertada en la Comunidad Valenciana tras un eventual cambio de gobierno?.