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Soria dice que la antigua empresa de Castor pagará problemas futuros

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El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha asegurado este jueves que la empresa Escal UGS, antigua concesionaria de la explotación del almacenamiento subterráneo de gas Castor, estará obligada a pagar cualquier responsabilidad -problemas de las infraestructuras – que pueda pasar en el futuro.
Así lo ha declarado durante el Pleno del Congreso del decreto ley por el que se adoptan medidas urgentes en relación con el sistema gasista y la titularidad de las centrales nucleares, que la Cámara debe convalidar para hacer efectiva la hibernación de la planta, cerrada desde hace algo más de un año por los movimientos sísmicos que se detectaron en la zona cuando se comenzó a inyectar el gas colchón.
El decreto reconoce el derecho de la concesionaria a ser indemnizada con 1.350 millones por las inversiones realizadas, importe que asumirá en un primer momento Enagás –que a partir del 1 de diciembre se encargará de la administración de las instalaciones– y que posteriormente se irá repercutiendo durante 30 años a partir de 2016 en la tarifa de gas que pagan los consumidores. Por tanto, este importe lo pagaremos todos los ciudadanos en nuestras facturas.

No obstante, el ministro ha recordado que el decreto incluye una cláusula de exigencia de futuras responsabilidades “o bien por vicios y defectos en la construcción o bien por acciones u omisiones de todo tipo durante la concesión”, lo que “deja bien claro que la compensación no va a extinguir la responsabilidad que el concesionario y sus accionistas, en su caso, deban afrontar por su gestión del proyecto si así se derivara con el tiempo”.
“Este decreto amarra la exigencia de posibles responsabilidades. Si hubiese lugar a tales responsabilidades, Escal debería pagar cualquier incumplimiento o bien directamente o bien, si fuera insolvente o se disolviese o liquidase, responderían sus socios partícipes en el momento de la renuncia y, de forma solidaria y subsidiaria, toda la sociedad dominante del capital del grupo al que perteneciera”, ha insistido el titular de Industria, precisando que tal compensación iría directamente al sistema.
Además, el ministro ha destacado que con la solución dada a este “problema grueso, no menor” que se “encontró al principio de la legislatura”, el sistema gasista se ahorrará 3.200 millones de euros con respecto al coste que habría tenido la explotación del almacén durante los próximos 50 años.

LA HIBERNACIÓN PERMITIRÁ REDUCIR COSTES

Es más, la ampliación de 20 a 30 años en el plazo de repercusión a los consumidores de la indemnización y la disminución en un 52% del tipo de interés de la retribución hasta el 4,269% conseguirá también una reducción “clara” del impacto económico y financiero, con un ahorro medio de 110,8 millones de euros al año, al pasar de una retribución de 212,3 millones anuales a 101,5 millones.
Igualmente, la hibernación permitirá reducir en 11 millones de euros los costes de operación y mantenimiento, y “dado que toda la operación financiera la hace la sociedad privada Enagas Transportes, no computará ni en el déficit ni en la deuda pública”, según ha subrayado Soria.
Por otra parte, al optar por esta solución el Gobierno gana tiempo para “seguir recavando informes técnicos”, de modo que pueda contar con información “más completa” para decidir si desmantela definitivamente las instalaciones o “cuenta con plenas garantías para su explotación sin riesgo de movimientos sísmicos”.
Finalmente, el decreto supone también reintegrar al dominio público el derecho de uso de la estructura geológica del almacenamiento subterráneo, de dos kilómetros de profundidad y ubicado a 21 kilómetros de la costa de Castellón.

LA SITUACIÓN ES CULPA DEL PSOE

Sobre las razones que han llevado a la actual situación y que obligan a indemnizar a la concesionaria del almacenamiento Castor, el ministro ha señalado un responsable claro, el anterior Gobierno socialista, que en 2008 aprobó un decreto de autorización administrativa que incluía una cláusula que permitía al concesionario “renunciar” a la instalación “en cualquier momento” durante los 25 años siguientes, preservando no obstante su derecho a indemnización por el valor de la inversión.
Una cláusula contra la que el Ejecutivo ‘popular’ de Mariano Rajoy presentó un recurso ante el Tribunal Supremo (TS) que, sin embargo, fue desestimado, lo que obliga a cumplir con la indemnización prevista para Escal UGS.
En este sentido, José Manuel Soria ha destacado que gracias a la intervención de su Ministerio, que en 2012 convirtió la autorización de puesta en marcha en provisional en lugar de definitiva, se han evitado males mayores, ya que eso ha permitido al Gobierno paralizar la actividad de la planta ante los primeros movimientos sísmicos, detectados el 25 de septiembre de 2013 y que eran superiores a lo considerado normal en una operación de inyección de gas colchón.
Una paralización que se ha prolongado durante más de un año, y que el pasado mes de julio motivó la decisión de la concesionaria de renunciar a la concesión, lo que supone la extinción de la misma y, ahora, la hibernación del almacenamiento. “Con este decreto, el Gobierno da solución a un problema complejo creado en 2008 buscando siempre la seguridad de las personas, los bienes y el medio ambiente, y proteger el interés general”, ha subrayado el ministro.
Finalmente, ha recordado que el momento en el que el Gobierno del PSOE autorizó esta concesión a Escal y modificó con ello la planificación eléctrica y gasística coincidió con el incremento de los incentivos y las primas a las energías renovables, lo que conllevó un aumento de la producción y, a su vez, agravó el problema de sobreproducción energética que, a la postre, provocó el déficit tarifario.